Canal de denuncias

La empresa dispone de un procedimiento de compliance penal y antisoborno de acuerdo con la norma UNE 19601, la norma ISO 37001 y el Código penal, que refleja su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente. Dentro del mismo se dispuso la puesta en marcha de un canal de denuncias, como un instrumento a través del cual el personal de la misma, y además clientes, terceros interesados y proveedores o acreedores pudieran poner de manifiesto la posible comisión de hechos delictivos dentro de la empresa, o cualquier conducta relacionada con el incumplimiento de alguna norma legal, interna o de la política de la misma. A su vez, se dispuso que este canal sirviera también para gestionar quejas, sugerencias y opiniones acerca de la empresa, por el mero hecho de que con ello pudieran detectarse de la lectura de las mismas las anteriores irregularidades, y siendo que en todos los casos se reenviarían al órgano de administración, a los efectos oportunos.

 

La empresa deja constancia de que todos aquellos que, de buena fe, utilicen el canal, estarán protegidos contra cualquier tipo de represalia, discriminación o penalización. Además, garantiza la máxima confidencialidad en este sentido y se somete a la normativa vigente en materia de protección de datos en el tratamiento de información de carácter personal facilitada u obtenida.

El órgano que gestiona el canal es un compliance officer abogado experto en delitos económicos que garantiza la objetividad, transparencia e imparcialidad en los procesos de investigación y resolución de las denuncias que se le formulen, y en los que abra como consecuencia de su denuncia de oficio originada por lo que advirtiera de quejas, sugerencias y opiniones. Para utilizar el canal de denuncias deberá dirigirse al mismo a través de correo electrónico a la dirección marta.bachero@icacs.com, o por correo postal a la dirección C/ Santa Teresa, 2 12200 Onda (Castellón). Si la denuncia, queja, sugerencia u opinión se dirigiera contra el compliance officer, podrá utilizarse dirigiéndose al órgano de administración de la empresa.

Las denuncias serán evaluadas en el plazo máximo de 3 meses, tras el que se decidirá: o bien archivar el asunto por no existir indicios racionales de criminalidad y, en su caso, trasladarlas a quien se estime; o bien la apertura de un expediente de investigación en el cual se recabarán pruebas, siempre con el conocimiento de las personas implicadas, y siempre bajo un régimen estricto de confidencialidad respecto a la identidad del denunciante, pudiendo acordarse medidas para una eficaz investigación de los hechos. Tras la conclusión de la investigación, se darán unas conclusiones, y la denuncia se resolverá en el plazo máximo de 1 mes, en la que existirá una propuesta de sanción en función de la gravedad de los hechos investigados, y se recomendará al órgano de administración que pongan en conocimiento de la Fiscalía General de Castellón los hechos.